Organización Agraria Araga

Las Cortes de Aragón han solicitado al Gobierno de España que favorezca la “transparencia” en la formación de precios a lo largo de la cadena producción y comercialización de los productos agroalimentarios y que regule los márgenes comerciales agrarios para pagar a los profesionales del sector por encima de los costes de producción.

La Cámara ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley de Chunta Aragonesista. La iniciativa exige al Ejecutivo central que implante un sistema de doble etiquetado, que indique los precios de origen y de destino final para aportar más información al consumidor, y que adecue los precios y márgenes de comercialización de los productos agroalimentarios de primera necesidad.

El parlamentario de CHA, Joaquín Palacín, ha afirmado que “los consumidores están pagando precios excesivos” y que los sobreprecios puede ser del 500 por cien, lo que requiere “medidas urgentes”. Según el diputado “no es comprensible que los consumidores paguen cada vez más”.
Palacín ha criticado la “especulación” que se produce en los mercados y ha lamentado que no exista “una información correcta y actualizada” para el consumidor.

El parlamentario popular Joaquín Salvo ha reclamado que agricultores y ganaderos puedan negociar con las empresas distribuidoras en condiciones de igualdad y ha recomendado a las organizaciones de productores que se unan para “evitar los precios bajísimos”. Salvo ha señalado que para alimentar a los 9.000 millones de habitantes del planeta que habrá en el año 2050 la producción agrícola tendrá que aumentar un 70 por ciento.

El diputado del PAR, Joaquín Peribáñez, ha dicho del sector agropecuario que ayuda a mantener el medio rural, el medio ambiente, la actividad laboral y la población en el territorio. Peribáñez ha expresado que la desproporción de los precios de origen y destino es en algunos casos “tan exagerada que puede llegar a ser insultante” y ha propuesto fomentar el cooperativismo para proteger a los profesionales del sector.

El diputado de IU, Miguel Aso, ha animado a controlar los precios e informar al consumidor de lo que compra, tras lo que ha considerado que “no puede quedar al albur de los mercados” una actividad “de primera necesidad”, como es la relativa a la alimentación.

Ramón Laplana, del grupo del PSOE, ha propuesto que el Gobierno de España impulse una ley básica para que después las comunidades autónomas desarrollen sus propias normativas. Laplana ha resaltado la importancia del sector agroganadero, que “da de comer” a 20.000 familias directamente y es “un elemento vital” para la reordenación armónica del territorio.