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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comisión Nacional de la Competencia han cerrado un texto de consenso que podrán presentar a las industrias lácteas y a las grandes compañías de distribución para intentar cerrar el conflicto del precio que cobran los productores por la leche Tras este acuerdo, en el que Competencia ha incluido modificaciones puntuales al texto presentado por el Ministerio, el resonsable de este departamento, Miguel Arias Cañete, confía en que breve se puedan sentar todas las partes en una mesa y alcanzar un “gran consenso nacional”, que incluiría poner una etiqueta de calidad para que los consumidores sepan qué leche están consumiendo.

Durante su visita el pasado sábado al el Centro de Experimentación Agrícola y Ganadero de la Diputación de Cádiz, el ministro explicó que el precio de la leche “no se negocia porque la Comisión Nacional de la Competencia impide que se puedan poner de acuerdo sobre precios los agentes económicos, pero lo que sí se puede hacer es llevar al convencimiento a los fabricantes y las grandes empresas de distribución de que no se puede hacer un sistema de comercialización de la leche utilizándola como producto reclamo, de manera que al final al ganadero se le pague por debajo del coste de producción”.

En este sentido, Miguel Arias Cañete señaló que “buscamos un gran acuerdo nacional entre los fabricantes y las grandes compañías de la distribución para hacer un comercio sostenible del sector lácteo. La sostenibilidad –explicó– desde el carácter medioambiental, pero también desde el económico y desde la perspectiva de que hay 22.000 ganaderos de leche que no pueden ver cómo cada semana desaparecen tres o cuatro explotaciones por los precios que están recibiendo”.

Y para ello se va a crear una etiqueta de calidad” para que los consumidores cuando las vean sepan que esas centrales lecheras y esas grandes superficies están practicando un comercio que permite que el ganadero en el campo pueda seguir realizando su actividad”, indicó, a la vez que dejaba claro que la función del Gobierno “es hacer de mediador de ese gran acuerdo para que se llegue a ese convencimiento de que si desaparece el sector ganadero español, España se convertirá en exportadora de leche francesa y entonces esas industrias galas serán inmisericordes en la tasación de precios”.

Por último, avanzó que “ya hemos enviado un texto de acuerdo a la Comisión Nacional de la Competencia, que lo ha aceptado tras introducir alguna modificación, y ya estamos de acuerdo en el texto que se puede firmar y estamos a la espera de que se puedan casar las agendas para que todos los responsables de las centrales lácteas de España y de las compañías de distribución para ver si tenemos un gran consenso nacional a fin de que los consumidores tengan una etiqueta, un label de calidad, de sostenibilidad, para que los ciudadnos sepan que cuando consumen están haciendo una apuesta para que en el medio rural siga existiendo un sector ganadero lácteo de calidad”.

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