Organización Agraria Araga

El plan de acción del sector del aceite de oliva frente a la crisis del olivar anunciado por el comisario de Agricultura de la Unión Europea (UE), Dacian Ciolos, propone una batería de medidas como cambios en el etiquetado y mayores controles y sanciones frente a fraudes y adulteraciones. Según fuentes del sector, la UE constata la situación de crisis de rentabilidad de los productores y dibuja un escenario en el que se prevén altos stocks y mayor competencia de países como Marruecos, Túnez, Turquía e, incluso, nuevos productores como EEUU o Australia. Según los cálculos oficiales, las existencias récord experimentadas durante la campaña 2011-2012 en España podrían aumentar progresivamente cada ejercicio hasta alcanzar las 881.000 t en 2020, un 38,5 % más que en la actualidad.

Reestructuración, promoción, ordenación de la oferta, más transparencia de mercado, calidad ante todo, estructuración de la cadena agroalimentaria y normativas claras para el comercio -para lo que reserva un papel estratégico al Consejo Oleícola Internacional (COI)- son algunas de las recetas de la Comisión Europea.

En cuanto a medidas de transparencia de mercado, el texto ahoga por mejorar la vigilancia para asegurar el cumplimiento de los criterios químicos, organolépticos y de autenticidad de los aceites.

Resalta que la práctica de introducir aceites “desodorizados” -sometidos a un proceso de refino y desprovistos de olor- en botellas etiquetadas como “virgen extra” es ilícita y que lo mismo ocurre con la mezcla de aceites vírgenes comestibles con otros aceites vegetales, por lo pide mayores controles.

En este sentido, defiende la normalización de las comunicaciones obligatorias de los Estados Miembros sobre la naturaleza de las irregularidades constatadas y las sanciones aplicadas.

Apuesta por acelerar los trabajos actuales encaminados a reducir los niveles de “estigmastadienos” -lo que permite mejorar la detección de otros aceites vegetales en los aceites de oliva- y también del límite de los “esteres alquílicos”, para excluir los aceites “desodorizados”.

A nivel del etiquetado y de las normas de comercialización, la Comisión quiere obligar a la mención en el etiquetado de las condiciones de conservación, mejorando la etiqueta (el tamaño de letra) y el mejor posicionamiento de la información (campo visual), al tiempo que anima a los Estados Miembros a exigir la utilización de envases que no permitan su relleno en restaurantes y hostelería.

Además, incide sobre el problema de la fecha de consumo preferente (“best befote date”), que “debería ser objeto de un estudio complementario”, en su opinión.

De hecho, abre la posibilidad a incluir en la etiqueta no sólo esta mención a la fecha de consumo, como marca la legislación actual, sino también fijar una duración de conservación al producto.

Pero el documento también abre nuevas vías de apoyo para el olivar y propone que los Estados miembros de la UE incluyan en sus programas de desarrollo rural -en el marco de la futura Política Agraria Común (PAC post 2013), “un subprograma temático oleícola” que aborde la reestructuración del sector.

Pagos agromedioambientales y climáticos a los agricultores o sus agrupaciones y apoyo a las inversiones -en transformación, venta o desarrollo de productos agrícolas- para ayudar a los productores a mejorar sus resultados de explotación son otras posibilidades que anticipa el comisario Dacian Ciolos.

En el período 2006-2009, el 25 % de las explotaciones oleícolas en España han obtenido menos de 5.000 euros de ingresos familiares -es decir, por unidad de trabajo familiar-, porcentaje que fue del 30 % en Italia y el 37 % en Grecia-.