Organización Agraria Araga

Los agricultores y ganaderos, la industria agroalimentaria y la asociación de primeras marcas creen que el informe de Competencia sobre la ley de la cadena alimentaria reconoce sus problemas pero no propone alternativas válidas para su solución, y reiteran su apoyo a la iniciativa del Gobierno. Así se han pronunciado la Federación de Industria de Alimentación y Bebidas (Fiab), las organizaciones agrarias, Cooperativas Agro-alimentarias y la asociación de marcas Promarca tras darse a conocer el informe del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sobre dicha norma. El Consejo de la CNC ha recomendado, entre otras medidas, retirar el régimen sancionador del Anteproyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y esperar a conocer la norma europea para evitar modificaciones posteriores y el coste para los agentes.

En un comunicado conjunto, industria y productores han reivindicado la potestad del Gobierno para regular los graves desequilibrios que plantea la cadena agroalimentaria.

Al mismo tiempo, han apoyado “sin fisuras el paso adelante dado con el Anteproyecto de Ley de medidas para la mejora del funcionamiento de la Cadena Alimentaria” y han pedido que el trámite parlamentario se realice lo más rápidamente posible.

Han reconocido que en el informe se detallan los principales problemas que en la actualidad aquejan a la cadena de valor, como la son la asimetría, la falta de transparencia y las prácticas potencialmente desleales y contrarias a la competencia.

Por otra parte, han valorado que la autoridad de la competencia “no cuestione la formalización de los contratos, ni la fehaciente existencia de prácticas abusivas y anticompetitivas; e incluso reconozca que no son objeto de denuncia por el operador que la padece, principalmente por la eventual situación de desequilibrio existente en la relación comercial continuada”.

Sin embargo, han subrayado que en el informe se destaca que la CNC “no entiende como necesario adoptar medidas complementarias para resolver esta grave problemática que afecta a una parte estratégica de la economía nacional; alternativas que ayudarían a proteger la innovación, la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores frente a las prácticas desleales”.

En este punto disienten de la CNC, ya que aseguran que la experiencia les ha demostrado que, ni el marco jurídico vigente (Ley de Defensa de la Competencia y Ley de la Competencia Desleal), ni los esfuerzos privados (acuerdo Fiab-Asedas y otros de carácter autonómico) “han supuesto avances en la resolución de los problemas constatados, ni en el equilibrio de la cadena agroalimentaria”.